PRESENTACIÓN
En el mes de Julio del año pasado, S.E. la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, daba inicio a una “Comisión Asesora Presidencial”, con la finalidad de recibir aportes respecto de la compleja y delicada situación que vive nuestra Región de la Araucanía. Dicha realidad, dice relación esencialmente con tres grandes ámbitos en los que se concentran la mayor parte de los desafíos más serios y urgentes. Se refiere a la deuda histórica con el Pueblo Mapuche, a la situación dramática de las víctimas de la violencia rural, y a los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la Región más pobre del país. Se ha venido generando así, una triple postergación del Estado respecto de esta tierra y su gente. Para nadie, y por ello para esta misma instancia, han resultado fáciles de abordar, ya que cada una de éstas, generan visiones y posiciones distintas e incluso contradictorias, como también sentimientos muy profundos de dolor, impotencia, abandono, injusticia y resentimiento. De hecho, hacemos entrega de las conclusiones de nuestro trabajo en un contexto que da pleno testimonio de lo señalado. No cabe duda que lamentablemente, vivimos en una Región herida y fragmentada.
Al mismo tiempo, resulta un deber reconocer y valorar la multiplicidad de iniciativas acerca de estos temas, e importantes aportes económicos expresados en diversidad de políticas públicas por parte del Estado y sucesivos gobiernos hacia la Araucanía. A ello, hay que sumar valiosos esfuerzos en el levantamiento de propuestas de distintos sectores de la sociedad civil y organizada. Sin embargo, como a todos consta, no se ha logrado el fruto esperado, y las respuestas a los temas de fondo no han sido suficientes. Quizás, ha faltado una clara voluntad política de parte de las autoridades competentes para implementarlas en modo importante; quizás, por la falta de una visión más descentralizadora, han tenido menor capacidad de incidencia, gestión o pertinencia. Todo ello no ha favorecido mayores avances y logros. Lo anterior, desgraciadamente, no solo se ha traducido en una gradual agudización de estas problemáticas, sino que además han minado la confianza en las Instituciones del Estado, y de algún modo han dañado la sana convivencia y credibilidad también entre nosotros.
Pero a su vez, en todos quienes hemos integrado este equipo de trabajo, a primado un denominador común que ha inspirado nuestro actuar comprometido como comisión: esto es, el anhelo de poder llegar a construir a futuro una cohesión social tal, que nos permita vivir finalmente en paz, en el pleno respeto a la vida, identidad y dignidad de cada uno, y esto, gracias a la debida reconciliación, reparación, justicia y desarrollo integral para todos. Lo sabemos, o hay paz y justicia para todos, o difícilmente la habrá para alguien. Movidos por esta esperanza que identifica lo mejor de las personas, acordamos llevar a cabo nuestra tarea en base a dos valores que consideramos claves, y que se reclaman mutuamente: la búsqueda del bien común y el diálogo.
Si queremos comprender, en efecto, lo que hoy día nos sucede como País y Región, y en medio de divisiones, intolerancia, descalificación y diversas formas de violencia, resulta esencial retomar un diálogo ciudadano amplio y generoso, buscando más lo que nos une que lo que nos separa. Sobre todo, porque este diálogo –que siempre implica una capacidad de escucha– debe ayudarnos a construir el presente y el futuro, abriendo espacio a las nuevas generaciones y a los que vendrán. En este sentido, necesitamos un diálogo que supere los obstáculos de nuestra actual convivencia. Es fácil enumerar los problemas, hablar de fracasos y seguir en política el esquema desgastado de oposiciones, y otras dualidades que simplifican, pero no solucionan los temas abiertos y en nada aportan a la entera sociedad. Es más difícil transitar por caminos nuevos y ser propositivos sobre la Araucanía que queremos construir. Debemos convencernos que el diálogo es el único medio para alcanzar acuerdos estratégicos y eficientes. Nos asiste la convicción que la falta de diálogo solo arriesga más exclusión, más pobreza y violencia.
Por su parte, el bien común deriva en primer lugar de la dignidad e igualdad de todas las personas, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Éste no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece siempre común, porque indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vista al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. Por ello, La correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. Sin embargo, puede ser extremadamente complejo alcanzar el progreso que soñamos como Región, si paralelamente no nos jugamos todos, por preocuparnos en mejorar sustancialmente la calidad de vida de todas las demás personas.
No pareciera, entonces, ser ésta una hora para iniciativas y proyectos personalistas, tampoco político-partidistas, ideológicos y mucho menos sectoriales. La Araucanía necesita la unidad de todos y cada uno de sus líderes políticos, culturales, sociales, gremiales, religiosos y académicos, si queremos que nuestras búsquedas adquieran seriedad y fuerza, y así ganarnos la credibilidad y el respeto, tanto local como externo. La invitación es a insistir y fortalecer en la multiplicación de instancias plurales y multisectoriales de diálogo y trabajos para nuevos y mayores acuerdos locales, en donde lo propositivo sea siempre el distintivo principal. Nadie que ame verdaderamente esta tierra y sus gentes, podría sustraerse de un esfuerzo y generosidad similar. Es más, nuestra población tiene derecho a exigirlo.
Frente a un contexto regional convulsionado, siguiendo las huellas de valiosas iniciativas similares anteriores, con sencillez hemos considerado necesario aportar a este proceso histórico con las presentes reflexiones y propuestas, poniendo a disposición del Gobierno y Estado, como de la sociedad regional, este Informe. Desea ser un llamado a reorientar los pasos de la construcción histórica de una Región pluriétnica y pluricultural, que requiere pasar a la “interculturalidad”, y “reconocernos” en nuestra esencia y derechos, pero también respetarnos,
valorizarnos, interactuar y enriquecernos mutuamente en lo que somos, sentimos y aspiramos para iniciar un camino de reconciliación y reencuentro, en la paz y justicia para todos en La Araucanía.
Consideramos que el documento no es sólo producto de un actor, colectivo o agrupación política, es claramente desde el principio hasta el final un documento de consenso entre actores diferentes en el contexto histórico específico en que se encuentra el Wallmapu en la actualidad. En nuestra opinión las tres partes del documento tienen que ser leídas en conjunto, porque cada una reclama las otras dos para una correcta concepción del todo. Y del todo, se puede deducir la necesidad de ir caminando hacia un Estado intercultural y descentralizado. Creemos asimismo, que sumando y restando es un texto que responde a importantes anhelos del mundo mapuche y de la sociedad regional que quiere prosperar en paz. Igualmente estimamos que no todos quedarán satisfechos, porque la Comisión hizo un esfuerzo importante en pos de resolución de conflictos y avanzar en la convivencia pacífica.
La Comisión no tiene en absoluto la pretensión de agotar los temas, y menos aún tener la última palabra sobre los mismos, sino tan solo ofrecer un aporte más a la riqueza de una rica reflexión, que se viene haciendo desde hace tiempo en diversos sectores y personas de la sociedad civil local, como de los valiosos esfuerzos llevados a cabo en instancias anteriores similares a ésta. Estamos conscientes que las grandes esperanzas que tenemos respecto de la Araucanía, no se colman automáticamente con el solo fruto y límites normales de una comisión como ésta, y menos aún por la sola voluntad política y administrativa del Estado. Efectivamente, la resolución positiva de los problemas más profundos que tenemos en la Región, tienen que ver con quienes vivimos en ella, y de nuestra disposición al diálogo, al reencuentro, a la reconciliación, a la confianza y al reconocimiento.
Ello no es fruto de leyes, ni de recursos económicos, sino ante todo de un modo nuevo de concebir la construcción de la sociedad, en la que todos formemos parte, valorizados en nuestra diversidad, iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Es hora de abandonar las trincheras en nuestra Región, derribar los muros, terminar con el odio antes que termine con nosotros. Estamos a tiempo. Si queremos desarmar las manos, debemos antes desarmar los corazones. Esta no es tarea del Estado, sino de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad ciudadana e histórica que no debemos eludir y menos delegar.
El haber optado por consensuar cada una de las propuestas, nos ha permitido ofrecer lo mejor de nosotros mismos para construir acuerdos al interior de esta instancia plural. Ha implicado mucha reflexión, debate, opciones y también ceder o postergar legítimas aspiraciones personales o sectoriales en vistas del interés superior. No son evidentemente todas las que los diversos miembros hubiesen querido ver reflejadas en el informe, pero son compartidas por la Comisión. De este modo avanzamos más lentamente, pero con todos. Confiamos que nuestro sencillo aporte logre transformarse en un paso más, para avanzar en lo que en consciencia estimamos puede ser la dirección correcta. Constituye un piso, desde el cual la
sociedad y el Estado, podrán ir abordando en el tiempo próximo variedad de otros temas que están en el debate regional, en las instancias de participación ciudadana y de nuestro sistema democrático, que no nos fue posible tratar con la responsabilidad y el tiempo que requerían.
Lo anterior no deja de tener relación con lo que la cosmovisión mapuche denomina el “Küme mongen”. Es un modo de vida y de establecimiento de relaciones de la cultura, que está basado en la armonía de todos los elementos que constituyen un sistema. Cada persona debe buscar un equilibrio y vivir en armonía consigo, con los demás, con Dios, “Genechen”, con las fuerzas espirituales y con toda la naturaleza. Esta profunda expresión espiritual, plantea que no estamos solos, que el ser humano pertenece a un mundo en el que convive con otros seres con los cuales interactúa generando y fomentando la armonía del conjunto. Se trata de un adecuado equilibrio, una adecuada convivencia y coexistencia para un mundo en paz y duradero, en favor de la Región y sus gentes. Este silencioso clamor que brota sin distinción en el corazón de todas y todos los habitantes de La Araucanía, no es una utopía, es un anhelo presente en los corazones y las mentes de cada habitante de esta región. Y éste es también el anhelo de esta Comisión.
Nuestro agradecimiento a la Sra. Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por esta confianza y oportunidad, como a todas y todos quienes colaboraron generosamente con sus aportes y trabajos.
+Héctor Eduardo Vargas Bastidas, SDB Obispo de San José de Temuco
Facilitador del diálogo de la Comisión Asesora
MARCO METODOLÓGICO
Los índices de pobreza, escaso desarrollo y violencia creciente que se observan en la Región de la Araucanía, así como los cambios que enfrenta la Región en el ámbito productivo y el tema del reconocimiento y reparación de los pueblos indígenas, han obligado a los últimos gobiernos a buscar soluciones conducentes a superar estos problemas estructurales de la Región. En este sentido cabe destacar: a) La Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) del año 1990, b) La Ley N°19.523 del año 1993 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, c) Los llamados diálogos comunales del año 1999, d) El Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas (Programa Orígenes) e) La creación en el año 2002 de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (CVHNT) cuyas conclusiones fueron la base para la Política de Nuevo Trato del año 2004, f) La política indígena “Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad” del año 2008 mismo año en el que fue ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT, g) La política “Hacia un Nuevo Trato con Nuestros Pueblos Indígenas” del año 2012, h) Los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional junto con los Consejos de Pueblos Indígenas, ambos del año 2016, entre otras. Sin embargo, hasta el momento, estos diferentes esfuerzos gubernamentales de las últimas cuatro décadas no han dado los resultados esperados, especialmente en materia de pobreza, reconocimiento y violencia.
En razón de lo anterior, la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria con fecha 8 de agosto de 2016 creó mediante el Decreto Supremo Número 1.185 una “Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía”, en adelante la Comisión, cuya finalidad fue proponer un conjunto de propuestas en las áreas de desarrollo productivo regional y territorial, participación y reconocimiento y nuevas formas de reparación a los pueblos indígenas. (Art. 1° Decreto 1.185)
La Comisión estuvo presidida por Monseñor Héctor Vargas Bastidas, Obispo de
la Diócesis San José de Temuco, como facilitador del diálogo, y por los siguientes representantes del mundo ciudadano, académico, político y empresarial de la región de La Araucanía:
- Diego Benavente Millán, Director Ejecutivo Corparaucanía.
- Sergio Bravo Escobar, Rector Universidad de La Frontera.
- Rubén Cariqueo Huilcan, Director Ejecutivo Fundación Instituto Indígena.
- Marcelo Carrasco Carrasco, Consejero Regional de La Araucanía y Presidente Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile.
- Elicura Chihuailaf Nahuelpan, Poeta y Docente.
- Nicolás Figari Vial, Director Ejecutivo Fundación Aitué, quien actuó como Secretario de la Comisión.
- Esteban Fonseca Soto, Vicepresidente Consejo Regional de Pastores de La Araucanía.
- Alejandro Fuentes Inostroza, Ex Alcalde de Lumaco y Ex Presidente de la
Asociación de Municipalidades Región Araucanía, AMRA.
- Miguel Hernández Saffirio, Intendente de La Araucanía.
- Andrés Jouannet Valderrama , Ex Intendente de La Araucanía.
- Rosemarie Junge Raby, Rectora Universidad Santo Tomás Sede Temuco.
- Juan Paillafil Calfulen, Alcalde de Puerto Saavedra, integrante de la Asociación
de Alcaldes Mapuche.
- Jorge Pinto Rodríguez, Historiador y Premio Nacional de Historia 2012.
- Jorge Reinao Necuñir, Presidente Cámara de Comercio Mapuche.
- Isolde Reuque Paillalef, Dirigenta Social Indígena.
- Ricardo Salas Astraín, Académico Universidad Católica de Temuco.
- Emilio Taladriz Montesinos, Director Multigremial de La Araucanía.
- Guillermo Turner Olea, Gerente Asuntos Corporativos Empresas CMPC.
Para llevar a cabo su trabajo, la Comisión se organizó en cuatro subcomisiones relativas a: 1) Historia, Cultura y Educación; 2) Reconocimiento y Paz Social; 3) Desarrollo Productivo Sustentable; 4) Institucionalidad y Legislación, cada una de las cuales abordó las temáticas específicas que les correspondió analizar. Se valió para esto de los aportes de los invitados que se mencionan más adelante y de los documentos enunciados en el Anexo 1, opiniones y antecedentes que se buscaron recoger en las distintas propuestas del presente informe. Las subcomisiones realizaron su trabajo con el apoyo de los siguientes secretarios técnicos:
- Historia, Cultura y Educación: Roberto Álvarez San Martín, Antropólogo, Magíster en Educación y Académico Universidad Santo Tomás Sede Temuco.
- Reconocimiento y Paz Social: Maira Rivas Burgos, Ingeniero Comercial Universidad de Concepción.
- Desarrollo Productivo Sustentable: Dr. Ismael Toloza Bravo, académico de la
Universidad de La Frontera.
- Institucionalidad y Legislación: Gustavo Villegas Mansilla, Estudiante de Derecho Universidad Católica de Temuco.
La Comisión acordó realizar la labor encomendada mediante reuniones quincenales del plenario y semanales de cada una de las subcomisiones, tiempo durante el cual se realizaron entrevistas a diversos líderes que participan en la toma de decisiones en las materias propias de cada subcomisión y se revisaron documentos disponibles atingentes a las propuestas respectivas. Asimismo, acordó elaborar este documento final sobre la base de acuerdos logrados por consenso de sus integrantes.
En cuanto a la construcción del presente informe, se resolvió dividir el
contenido de las propuestas que se formulan en tres ámbitos: Reparación de víctimas
de la violencia en la región; Participación, reconocimiento y nuevas formas de reparación de los pueblos indígenas; y el Desarrollo productivo regional y territorial. Esta segmentación permite dar respuesta a los tres ejes que se consideran fundamentales para una política de Estado en favor de la Región de la Araucanía. En este sentido, se ha optado por poner la reparación de las víctimas en primer lugar considerando la dramática situación que ellas enfrentan y que amerita medidas inmediatas. A continuación se presentan las propuestas sobre reconocimiento y reparación de los pueblos indígenas, quienes por largo tiempo han esperado una respuesta del Estado a sus demandas políticas, culturales y económicas. Finalmente y con abundante detalle, se presentan las medidas destinadas al desarrollo productivo regional, que permitan corregir las limitaciones estructurales que hoy presenta la región y proyectar su desarrollo hacia el futuro.
Del conjunto de medidas que en este informe se plantean, la Comisión acordó priorizar 12 que se consideran esenciales o fundamentales en el corto y mediano plazo y que permitirían dar señales claras del interés del Estado por asumir y hacerse cargo del necesidades más urgentes de La Araucanía y contribuir a la construcción de una región verdaderamente intercultural, en paz y que busque el desarrollo sostenible, integral de todos sus habitantes. Cabe hacer presente que la implementación de las medidas en relación con los pueblos indígenas supone en ciertos casos la realización de un proceso de consulta en conformidad con el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa vigente en la materia. A continuación se enuncian estas 12 medidas principales:
1) Creación de la Ley Araucanía que contemple los aspectos planteados en este
informe que sean materia de ley.
2) Dictar una ley que crea un fondo de reparación a las víctimas de violencia en La Araucanía.
3) Creación de una comisión de reparación de víctimas de la violencia en La
Araucanía.
4) Dictar un nuevo reglamento que regule los mecanismos de compra de tierras del
artículo 20 letra b) de la Ley Indígena.
5) Creación de una comisión especial de tierras indígenas.
6) Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
7) Representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional.
8) Impulsar de manera urgente el Ministerio de Pueblos Indígenas.
9) Incorporar nuevos territorios de la Región de la Araucanía al programa de gestión territorial de zonas de rezago de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
10) Impulsar Planes de Desarrollo integral en comunidades indígenas (habitabilidad, infraestructura, desarrollo, etc.), modificando y operativizando la Glosa 10, de ley de presupuesto de Gobiernos Regionales.
11) Creación de una Agencia del Agua, que pueda catastrar, planificar, controlar y
proponer una estrategia de abordaje sistémico de uso y distribución de este recurso, que derive en una política regional de desarrollo de recursos hídricos y un Plan Estratégico Regional de Riego.
12) Generar un programa de fortalecimiento de organizaciones y emprendimientos
mapuche (mejoramiento de gestión, productividad, emprendimientos asociativos) a
través de un Centro de Negocios y Desarrollo Mapuche.
Finalmente, la Comisión agradece la disposición, gentileza y los aportes entregados en el marco de las entrevistas realizadas tanto en sus reuniones plenarias como en las distintas subcomisiones de las siguientes personas:
1. Gemita Álvarez, Directora (S) SENCE Araucanía.
2. Andrés Antivil, Corporación Lonko Kilapang.
3. Patricio Argandoña, Vicepresidente FENASIC.
4. José Aylwin, Abogado, Co Director del Observatorio Ciudadano y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
5. Rafael Bahamondes Castro, Director Regional de CONAF (S).
6. María de la Luz Balboa, Secretaria Asociación de Víctimas de la Violencia de la Provincia de Malleco.
7. Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social.
8. Germán Becker, Diputado Distrito 50, Presidente Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la Violencia en La Araucanía.
9. Nancy Bobadilla, INDAP Araucanía.
10. Margarita Calfio Dirigente Nacional ANFUCO.
11. Evelyn Campos Huenchulaf, Machi.
12. Natalia Caniguan, Directora Instituto de Estudios Indígenas Universidad de La Frontera.
13. Víctor Caniullan, Machi.
14. Pedro Canihuante, Sub Director Nacional CONADI Sur.
15. Sergio Caniuqueo, Historiador Mapuche.
16. Carmen Castillo, Ministra de Salud.
17. Desiderio Catriquir, Director Carrera Pedagogía Básica Intercultural. Universidad Católica de Temuco.
18. Pedro Cayuqueo, Periodista y Vicepresidente Corporación Mapuche ENAMA.
19. Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
20. Fuad Chahin, Diputado Distrito 49.
21. Guillermo Coilla, Coordinador Regional del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Secretaría Ministerial de Educación de la Araucanía.
22. Marcial Collin, Consejero Nacional CONADI.
23. Rodolfo Contreras, Jefe Secretaría de Política de CONAF y Secretario Técnico Consejo de Política Forestal.
24. Roberto Cornejo, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales.
25. Enrique Correa, SENCE Nacional.
26. Fabián Cortes, Dirigente Nacional ANFUCO.
27. Sebastián Donoso, Abogado y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
28. Alberto Espina, Senador 14ª Circunscripción, Región de La Araucanía Norte.
29. Nicolás Eyzaguirre, Ministro Secretaría General de la Presidencia.
30. Juan Jorge Faúndez, Académico e Investigador de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la UC Temuco.
31. Mario Fernández, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
32. Vivian Fernández, Directora Regional de Aguas.
33. José García, Senador 15ª Circunscripción, Región de La Araucanía Sur, Coordinador de la Comisión de Parlamentarios de La Araucanía.
34. José Miguel García, Empresario, Vicepresidente Fundación AraucaníAprende.
35. Pablo González, Encargado Nacional PDTI, INDAP.
36. Christian Henríquez, Antropólogo Universidad Austral de Chile.
37. Arturo Hernández, Vicerrector de Extensión y Relaciones Internacionales Universidad Católica de Temuco.
38. Francisco Huenchumilla, Ex Intendente de La Araucanía.
39. Luis Huincahue, Dirigente Mapuche.
40. Ruth Hurtado, Mujeres por La Araucanía.
41. Danko Jaccard, Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales e Investigador Asociado del Instituto de Estudios Indígenas Universidad de La Frontera.
42. Juan Sánchez, Dirigente Mapuche.
43. Eduardo Klein, Ex Intendente de La Araucanía.
44. Javier Lefiman, Cámara de Comercio Mapuche.
45. Juan Pablo Lepin, Abogado Multigremial de La Araucanía.
46. Jorge Andrés Luchsinger, Víctima de Violencia Rural.
47. Manuel Llao, Vicepresidente Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH.
48. Aniceto Lleuful, Machi.
49. Pedro Mariman, Ministerio de la Cultura y las Artes.
50. Sandra Marín, Presidenta Asociación Nacional de Funcionarios de CONADI
(ANFUCO).
51. Desiderio Millanao, Ingeniero Forestal.
52. Andrés Millanao, Pastor Evangélico.
53. Carlos Mladinic, Ministerio del Interior.
54. Paola Moncada, Directora Regional SERCOTEC.
55. Yolanda Nahuelcheo Saldaña, Coordinadora Regional de Salud Intercultural, Seremi de Salud Región de La Araucanía.
56. Claudia Pascual, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
57. Gabriel Pérez, Presidente Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucanía.
58. Ramiro Plaza, Presidente Regional Pequeños y Medianos Industriales de la
Madera, PYMEMAD Maule.
59. Francisco Pozo, Integrante Secretaría Técnica Consejo de Política Forestal
60. Sergio Quilaqueo, Profesor Escuela Pablo Neruda.
61. Daniel Quilaqueo, Director Núcleo Milenio Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural Universidad Católica de Temuco.
62. Fernando Raga, Presidente Nacional CORMA.
63. Cesar Rodríguez, Jefe de División de Fomento INDAP Nacional.
64. Luis Felipe Romero, Abogado, Ex Presidente Asociación de Víctimas de Violencia Rural.
65. Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo.
66. Angélica Tepper, Presidenta Multigremial de la Araucanía.
67. José Torga, Presidente Corparaucanía y Gerente Aguas Araucanía.
68. Bernardo Troncoso, Gerente General de SERCOTEC.
69. Joaquín Tuma, Diputado Distrito 51.
70. Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas.
71. Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda.
72. Marili Vallejos, Presidenta Asociación de Victimas de la Violencia de la
Provincia de Malleco.
73. Ana Vásquez, Historiadora Mapuche.
74. José Manuel Zavala, Académico del Departamento de Antropología de la
Universidad Católica de Temuco y Editor de la Revista CUHSO, Cultura- Hombre-Sociedad.
75. Marcelo Zirotti, Presidente SOFO.
RECONOCIMIENTO Y PAZ SOCIAL EN LA ARAUCANIA
Las políticas centralistas del Estado, con escasa sensibilidad frente a las particularidades de la región, han generado un sentimiento de postergación que se traduce en creciente malestar y desconfianza. Es uno de los grandes males que se aprecian en la Araucanía.
Pese a los enormes recursos invertidos, la política de compra de tierras y su posterior traspaso a comunidades indígenas desarrollada por el gobierno central tampoco ha generado los resultados esperados, mientras que un exceso de asistencialismo, que no reconoce las características propias de la región y su cultura, ha limitado la capacidad de emprendimiento de todos y cada uno de sus habitantes.
En este contexto, la violencia se ha convertido en un argumento injustificado para agrupaciones que no respetan ni el Estado de Derecho ni los más mínimos principios de derechos humanos, como lo manifiestan centenares de víctimas que no tienen ninguna vinculación respecto a perjuicios históricos cometidos por el Estado y sus autoridades. El Estado, a su vez, no logra responder con eficacia a este creciente espiral de violencia. Tanto los órganos de Justicia como los persecutores y las fuerzas de orden y seguridad, sufren como consecuencia un severo cuestionamiento por parte de la opinión pública. De este modo, esta Comisión se hace cargo del sentir de la ciudadanía que exige a las autoridades competentes, la plena aplicación del Estado de Derecho.
Por todo lo anterior, la Comisión considera que para revertir esta situación se requiere reconocer los errores cometidos y repararlos inspirados en la justicia. En primer lugar corresponde al Estado reconocer sus errores, pedir perdón y poner en marcha políticas de corto, mediano y largo plazo para reparar a la región. En segundo lugar, al conjunto de la sociedad civil regional y a sus organizaciones por no asumir la responsabilidad frente a esta situación económica e histórico-social. Las responsabilidades son múltiples: numerosos dirigentes mapuche reconocen que, en muchos casos, quedaron atrapados por los partidos políticos en los cuales militaron, postergando las demandas de las comunidades. Lo mismo corresponde a distintos líderes de la región que ocuparon cargos de responsabilidad política en Santiago, alineándose con políticas erradas en desmedro de intereses regionales. A los parlamentarios, universidades, centros de estudios superiores e intelectuales, mapuche y no mapuche, por no haber prestado la debida atención a los problemas regionales que hoy se manifiestan en la pobreza, atropellos, abusos e injusticias cometidos con la comunidad regional mapuche y no mapuche. A la diversidad de confesiones religiosas en la región, en donde no siempre se promueven sus creencias desde un sentido de inculturación, y respeto por su cosmovisión, rituales y prácticas religiosas.
Tal vez, si asumimos con humildad nuestros errores y buscamos mecanismos
que contribuyan a superarlos, lograremos la paz social en una región que merece para
las futuras generaciones un porvenir distinto. La violencia –como lo demuestra la historia nacional e internacional- no es nunca el camino para conseguir resultados políticos ni imponerse a otras colectividades que no piensan, no creen y no viven del mismo modo. En este sentido, debemos insistir en el diálogo social e intercultural como el mejor mecanismo para construir el futuro que demandan quienes se asentaron en este territorio interétnico. El Estado puede y debe cobijarnos a todos sus ciudadanos. Lograrlo es un desafío que debemos enfrentar con valentía y creatividad y sobre todo con la fuerte voluntad de estrechar nuestras manos para concretar los sueños de un mundo mejor. Generar los espacios de confianza para un diálogo franco, transversal y sin exclusiones, que permita discutir a fondo los temas que debemos conversar, incluyendo aquellos que derivan de transformaciones globales, como las derivadas del cambio climático, es parte del camino que debemos recorrer en la búsqueda de las soluciones que requiere la región.
Por lo anterior y como iniciativa base, se propone que La Presidenta de la República, debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón, por las consecuencias que ha provocado este conflicto al pueblo mapuche y a todas las demás víctimas de la violencia en la región. Gracias a las instancias de diálogo que se han llevado a cabo en el marco del desarrollo de las actividades de esta Comisión y mediante otros procesos sociales presentes en la región, es posible advertir la existencia de un resentimiento de los sectores en conflicto en La Araucanía con el Estado. Se requiere asumir, a nivel estatal, que se han tomado medidas equivocadas, que lejos de atenuar, han agudizado la postergación de la región.
El punto de partida para el establecimiento de la paz social, supone también la materialización integral del conjunto de medidas propuestas por esta Comisión, que se alcanzaron en base al consenso y al dialogo social generados en el marco del trabajo realizado.
A nuestra Presidenta, que nos encargó la tarea de elaborar las propuestas que hoy presentamos, deseamos expresarle que éste es el espíritu que siempre estuvo presente en los debates que sostuvimos en estos intensos meses de trabajo.
PROPUESTAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN.
Introducción y propuestas
La violencia en La Araucanía ha alcanzado niveles que atormentan a la sociedad regional, especialmente en zonas rurales, generando inseguridad en la población, buscando la expulsión de casas y predios a sus habitantes, ocasionando enorme dificultades y, en algunos casos, imposibilitando el trabajo en paz, produciendo daños a las personas y sus bienes, privando de instrumentos de trabajo y transporte y afectando a quienes transitan por ciertas rutas regionales. Este nivel de violencia ha tenido a víctimas de diverso origen y condición social.
Se debe dejar en claro que no son sólo víctimas de delitos comunes, cuestión que puede ocurrir en cualquier parte del país. Se trata de delitos que tienen una cierta prolongación en el tiempo y que constituyen una violencia con clara finalidad política, llevada a cabo por grupos violentistas organizados y que proclaman fines ideológicos, por lo cual, con mayor razón, el Estado debe actuar, conforme al Derecho, ya que se atenta contra nuestra Democracia.
Según se desprende del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo del año 2010; los Estados tienen al menos 3 imperativos en relación a la seguridad ciudadana. En primer lugar, está el deber de prevenir el delito, lo que se realiza a través de la creación de políticas que coordinen esfuerzos de todos los agentes involucrados en esta labor: gobierno, policías y fiscales. En segundo lugar, está el deber de investigar, ese que se traduce en la realización de acciones concretas para perseguir y eventualmente castigar un hecho ilícito. Finalmente, el deber de sancionar a quienes perpetran estos actos delictivos, con el objeto de no dejar en la impunidad hechos cuyo carácter delictual ya ha sido reconocido en sede jurisdiccional.
Así también, es pertinente recordar los fundamentos del Mensaje Presidencial que concluyó en la publicación de la ley 20.502, por el cual se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Publica: “La importancia de la seguridad pública es que protege la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano; estamos hablando de un núcleo vital que debe ser resguardado para que sea posible el ejercicio de la libertad y de los derechos, y la sociedad pueda funcionar normalmente. Lo que permite vivir a las personas sin caer en el temor, es la conciencia de que cuentan con garantías suficientes frente al riesgo y la amenaza; saber que los derechos no pueden ser fácilmente atropellados y que en caso de que alguno sea vulnerado, se pueda recurrir a servicios policiales y judiciales para que termine la amenaza o se repare el daño y se sancione al culpable. Para lograrlo es fundamental que el Estado cumpla a cabalidad con su deber de brindar protección y que los habitantes cuenten con la capacidad suficiente para colaborar y participar activamente en las tareas de seguridad.”
En La Araucanía, el Estado de Chile no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones para proteger sobre todo a las víctimas de violencia rural en territorios interétnicos, sintiéndose muchas personas en la absoluta desprotección producto de la inseguridad y temor que sufren constantemente. Por lo tanto, es necesario asumir la responsabilidad Estatal, y generar mecanismos compensatorios, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que le asistan a quienes han sufrido un perjuicio como consecuencia de un acto de violencia de carácter política.
En ese orden de cosas, y en paralelo a aumentar la eficacia de las policías, es imprescindible la implementación de fórmulas indemnizatorias para las víctimas de violencia rural con connotación indígena en La Araucanía, entendiendo que en la destrucción de propiedad privada y en la pérdida de vidas humanas, lo que en efecto ocurrió fue una omisión del auxilio estatal en la labor de seguridad.
Por todo lo expuesto, se proponen las siguientes medidas.
1. Creación de una comisión de reparación de víctimas de la violencia en La Araucanía. La comisión debiera depender del Ministerio de Justicia y actuaría en coordinación con la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional de La Araucanía. Estaría conformada por un equipo profesional y especializado para atender a las víctimas de violencia en la región. La comisión debería establecer los conceptos básicos, considerando indemnizaciones proporcionales por daños (lucro cesante y daño emergente) y daño moral, asistencia sicológica, beneficio de no pago de contribuciones en predios usurpados o que no pueden producir producto del conflicto, junto con fondos de arriendos y pensiones para los mismos.
2. Creación de un registro público de víctimas de violencia en La Araucanía de
los últimos 25 años. El registro estaría a cargo de la Comisión de Reparación de Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia. Los criterios para ingresar al registro de víctimas debieran ser consensuados con la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional. Entre la información a contener en el registro tendría que incluirse a lo menos, nombres de las víctimas y valoración de las pérdidas sufridas. El registro debiera ser actualizado permanente y los datos en él contenidos, sujetos a la debida confidencialidad que esta información requiere.
3. Dictar una ley que cree un fondo de reparación a las víctimas de violencia política en La Araucanía. El fondo de reparación debiera ser agregado a la Ley de Presupuesto de la República de cada año en el ítem correspondiente a la Comisión de Reparación de Víctimas dependiente del Ministerio de Justicia, y su finalidad sería reparar la totalidad de los perjuicios (lucro cesante, daño emergente y daño moral) de las víctimas. El fondo repararía a las víctimas que sean inscritas en el registro que debiera llevar para estos efectos la Comisión de Reparación de Víctimas. La reparación debiera efectuarse en un plazo máximo de 6 meses desde que ingresa la víctima al registro. Además, sería necesario crear una modalidad objetiva y técnica de evaluación y tasación de daños para ser reparados. Asimismo, se debiera cautelar el uso malicioso de esta condición por parte de particulares y empresas.
La ley que establezca este fondo podría permitir al Consejo de Defensa del
Estado demandar, luego, a quienes cometieron estos delitos, para que reembolsen al Estado lo que éste pagó a las víctimas. Así también, el Estado podría tomar un seguro a su favor con la finalidad de resarcirse del gasto efectuado por concepto de indemnizaciones a las víctimas de la violencia.
PROPUESTAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN, RECONOCIMIENTO Y NUEVAS FORMAS DE REPARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Introducción
La solución a los problemas de convivencia que actualmente afectan a La Araucanía, pasan necesariamente por entender la necesidad urgente que existe de un cambio en la relación entre el Estado, el pueblo mapuche y la comunidad regional en su conjunto, en cuanto todos ellos conforman la sociedad regional. El Estado no ha sabido relacionarse adecuadamente con los pueblos indígenas y en particular con el más numeroso, v.g., el pueblo mapuche, lo que ha generado recelos y desconfianzas, al punto que incluso es posible señalar que el Estado es percibido como una barrera para la protección de su cultura, su desarrollo con identidad y la obtención de oportunidades.
Adicionalmente, los procesos centralizados entorpecen el buen resultado de los proyectos y programas que se establecen en su beneficio, debido a que son diseñados sin considerar las necesidades y características de las comunidades indígenas o la realidad regional, situación que permite concluir que los recursos no han sido eficientemente invertidos. También se debe tener presente que la población mapuche ha disminuido en zonas rurales y, por razones de estudio o trabajo, se ha establecido mayoritariamente en zonas urbanas donde busca una mejor calidad de vida. Por su parte, la cultura mapuche disminuye en la medida que la idea de familia se desarticula, la pobreza se acentúa y el Estado no entrega las herramientas suficientes para su recuperación y protección.
No obstante lo anterior, existe hoy una creciente conciencia y conocimiento, búsqueda de protagonismo y exigencia de participación real por parte de las diversas generaciones del pueblo mapuche a fin de ser respetados en su reconocimiento a nivel de su identidad, de sus manifestaciones culturales, de sus instituciones y organizaciones propias, en la búsqueda de un desarrollo endógeno así como en el respeto a todos los derechos consagrados por los pueblos indígenas en la comunidad internacional.
En razón de lo expuesto, uno de los caminos necesarios para avanzar en una solución al conflicto histórico de La Araucanía pasa por un acto de realismo del Estado de Chile que implica, por una parte, aceptar que existen pueblos originarios cuya presencia es anterior, y por otro, aceptar que tal reconocimiento implica cambios constitucionales y supone efectuar cambios en la actual institucionalidad política que permita proyectar una adecuada relación y convivencia multicultural.
Entre estas medidas, el reconocimiento político y jurídico resulta fundamental. Este reconocimiento significa asumir la existencia de los pueblos originarios, como actores políticos dentro del Estado, realidad que el Estado de Chile ha negado
sistemáticamente contraponiéndose a las experiencias de otros países del continente que han vivido similares experiencias. Junto con ello se debe avanzar a la instauración de una región con identidad cultural diferenciadora, consciente de los procesos históricos que la han afectado y que considere con optimismo un futuro marcado por la diversidad cultural. Lo anterior, puede fructificar gracias a procesos de interculturalidad creciente y acompañado por una educación intercultural, y en ello podemos ser una Región pionera en Chile, que siembre orgullo en sus habitantes diversos. También se deben considerar medidas que permitan fortalecer la institucionalidad, reforzando su carácter técnico e independiente, considerando la mirada, participación y fiscalización de los actores regionales y buscando aprovechar el proceso descentralizador.
Además, se requiere efectuar perfeccionamientos a la normativa vigente, que garanticen que los recursos que el Estado destina a los pueblos indígenas se inviertan adecuadamente y sujetos a los estándares de transparencia y rendición de cuentas que estos procesos requieren. En este sentido la política de reparación territorial ha favorecido a un importante número de comunidades que han podido acceder a tierras para su desarrollo, pero la burocracia, los condicionamientos económicos, las dificultades y vacíos de la actual Ley Indígena, complican, por una parte, su vida, trabajo y desarrollo integral en ellas, y por otra, dificulta encontrar mejores caminos para ejecutar esta restitución a otras comunidades que, teniendo derecho a ello, aún no han logrado concretarlo.
Es por ello que se hace absolutamente necesario revisar la actual política de
tierras, cuya implementación práctica ha provocado diversos problemas y descontento, en donde no ha faltado la generación de violencia y también situaciones de corrupción y abuso. Urge perfeccionar las condiciones para su ejecución, con criterios, metodologías y regulación de los límites y alcances físicos objetivamente posibles de cumplir. Ello es esencial para orientar tanto las políticas públicas, como disminuir en modo significativo la actual incertidumbre al respecto, que no termina de dar claridad a los anhelos del pueblo mapuche en este tema, y que genera grave incertidumbre en propietarios e inversionistas a la hora de planificar el urgente desarrollo económico y productivo. Por lo demás, la necesidad de reconocimiento, valoración, educación pertinente, promoción de sus valores, restitución del valor de su lenguaje, valorización a sus propios métodos de salud, reconocimiento de las autoridades ancestrales, capacidad de recuperar el liderazgo y responsabilidad en ámbitos que son propios de su forma de vida y organización, como en las decisiones relacionadas con su destino como pueblo, son también temas que revisten tanta o mayor importancia para buena parte del pueblo mapuche.
El cambio de paradigma en esta nueva relación del Estado con los pueblos originarios, requiere imperativamente del esfuerzo colectivo de las autoridades y un fuerte compromiso de voluntades políticas. Sin estos elementos fundamentales, los cambios solo serán superficiales y limitados a la coyuntura mediática, circunstancia que en nada favorece el desarrollo y el dialogo político que el siglo XXI exige. Junto con lo anterior y, de acuerdo a la experiencia y normativa internacional, el Estado de Chile
debe transitar por cambios estructurales que no solo reparen la denominada deuda histórica con los pueblos indígenas, sino que, además, pavimenten las vías del dialogo democrático e intercultural, la participación, el reencuentro y la paz social.
A continuación, se enumeran posibles caminos de solución, que sin pretender ser la única posible respuesta del Estado frente a esta compleja realidad, constituyen un aporte a la búsqueda de soluciones a las diferencias que hoy existen entre el Estado y el pueblo mapuche, teniendo como meta la solución de los principales problemas sociales, económicos y culturales que hoy los afectan, y que colaboren en un proyecto de construir sociedad regional caracterizada por la convivencia pacífica de los pueblos y culturas que hoy comparten el territorio de La Araucanía, desarrollo en el marco del respeto y valoración de la diversidad que nos caracteriza.
1.- Propuestas en materia de reconocimiento.
1.1. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En las diversas
instancias de diálogo, reflexión y exposición de propuestas por parte de diversos actores, se puso de manifiesto la importancia de reconocer en la Constitución Política de la República a los Pueblos Indígenas que integran nuestro país. Un reconocimiento de esta magnitud en la carta fundamental les otorgaría la relevancia que merecen, recompone confianza perdidas, robustece las bases de la participación de nuestros Pueblos Originarios en la toma de decisiones por parte de las autoridades y, por supuesto, su participación en los órganos del Estado.
En nuestro ordenamiento jurídico estas materias están actualmente reguladas por el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus normas complementarias; La Ley 19.253 de 1993 que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas; la existencia de diversos fallos de los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional al respecto, entre otras normas jurídicas.
Mediante este reconocimiento, el Estado daría respuesta a una sentida demanda del pueblo mapuche, expresada en diversas instancias de diálogo realizadas en los últimos años. Dicho acto debiera contemplar un reconocimiento de todos los pueblos indígenas que habitan nuestro país, junto con aspectos relativos a perfeccionar los mecanismos de consulta indígena, la participación política de estos pueblos y la promoción de su cultura.
El concepto, contenido preciso y alcances, tanto jurídicos como políticos del mismo, han de ser objeto de un debate nacional, en donde la sociedad chilena sea invitada a reflexionar acerca de si misma y sus características, en relación a sus pueblos originarios y de los nuevos que llegan. Temática que en algún momento, de acuerdo a la Constitución, debieran discernir las instituciones democráticas del Estado.
Finalmente, como parte de su análisis en esta materia la Comisión debatió la posibilidad de que este necesario reconocimiento incorporara el concepto de plurinacionalidad al interior del único Estado de Chile. Sin embargo, en este punto no se logró consenso entre los comisionados y por ello la propuesta no incluye dicho concepto.
1.2. Representación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Junto con el reconocimiento anterior se debiera otorgar a representantes de los pueblos indígenas la participación en las grandes decisiones del país, particularmente en el Congreso Nacional.
La consagración de este derecho a los pueblos indígenas permite su participación y representación y, el resguardo de sus derechos en países donde, por constituir minorías o por la dispersión geográfica de esos grupos étnicos, no siempre le es posible elegir representantes indígenas. En este ámbito cabe tener presente lo que en este sentido expresa el informe de PNUD sobre representación política publicado en el mes de septiembre de 2016 cuando sostiene que "Chile ha logrado construir una democracia estable y con altos niveles de eficiencia gubernativa. Sin embargo en lo relativo a la participación y representación arroja avances dispares y desigualdades... toda vez que se manifiestan desigualdades estructurales donde hay grupos sub o no representados en los poderes de decisión en particular del poder legislativo". 1
Existen diferentes formas de participación especial de los pueblos indígenas, tales como cuotas, escaños reservados, redistritajes, umbrales legislativos diferenciados. En el caso de los escaños reservados es interesante considerar que países como Nueva Zelanda, Colombia y Guatemala, cuentan con escaños reservados para indígenas, los que han permitido potenciar el liderazgo en los distintos pueblos y generar interlocutores con el Estado para las decisiones que les competen.
Adicionalmente, la Constitución en su artículo primero inciso final, cuando habla de los deberes del Estado, expresa como uno de sus obligaciones fundamentales “asegurar la participación de las personas en igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Dicho precepto puede ser interpretado también en el sentido de que en casos justificados, el Estado puede, en aras de dicho deber, establecer medidas correctivas que permitan que todos los sectores, grupos y personas puedan participar de los procesos políticos, cuestión que justificaría la dictación de leyes de acción afirmativa, como son las leyes de cuota y/o escaños reservados para indígenas.
Si bien la implementación de esta medida genera desafíos e implica un esfuerzo adicional del Estado, las cifras actuales de participación política de los pueblos indígenas son claras, ya que siendo aproximadamente el 10% de la población nacional los indígenas tienen una representación parlamentaria inferior al 2% (2 diputados).
1 PNUD (2016). P. 6.
2 www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1395695542140321_minuta_araucania.pdf
3 Perteneciente o relativo al suelo y al clima.
1.3. Padrón especial indígena. Una eventual representación política especial de los pueblos indígenas hace indispensable la creación de un padrón electoral especial para los pueblos indígenas. En este sentido, la profesionalidad que supondrán estos procesos generan la necesidad de que la configuración y administración de dicho padrón sean de responsabilidad del Servicio Electoral.
1.4. Pronta aprobación de la nueva institucionalidad para los Pueblos Indígenas. La nueva institucionalidad constituye una oportunidad para mejorar la respuesta del Estado a sus pueblos indígenas. Un cambio en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado supone que los organismos encargados cuenten con las competencias, atribuciones y los recursos humanos y económicos suficientes para desarrollar adecuadamente su labor. Asimismo, estos organismos debieran contar con una dotación funcionaria de carácter técnico, despolitizado, conocedores de la realidad de las comunidades y sectores rurales. Junto con lo anterior, es importante que en esta nueva institucionalidad, la cultura, la participación y el desarrollo sustentable sean ejes centrales de su nueva construcción.
1.5. Generar una instancia de diálogo político permanente de carácter regional,
cuyo objetivo sea fortalecerlo a través de un seguimiento que garantice su éxito. Dada las características y acontecimientos que han afectado a La Araucanía, se precisa la creación de una comisión especial que integre dentro de sus sesiones a personeros representantes de todos los sectores de la sociedad regional, para lograr entendimientos y necesariamente acuerdos, que generen de manera directa y/o indirecta, progreso económico, social y cultural.
2.- Propuestas en materia de legislación indígena.
2.1. Revisión de beneficios a calidades indígenas por auto identificación. Con la finalidad de evitar abusos en la utilización de recursos públicos previstos por la Ley Indígena se propone revisar los beneficios que hoy se otorgan a personas que obtengan la calidad indígena por auto identificación, junto con los requisitos para perder tal calidad en caso de utilización inadecuada.
2.2. Crear un reglamento de comunidades y asociaciones indígenas, que
contemplando factores históricos y culturales, regule la creación, división, modificación y extinción de las mismas. Conjuntamente con ello, se debe generar un registro público para estas organizaciones que mantenga la información actualizada.
2.3. Catastro público de tierras. Para otorgar mayor transparencia a los procesos de
adjudicación del Fondo de Tierras y Agua Indígenas y contar con información completa y actualizada que favorezca la toma de decisiones de largo plazo, se hace necesario realizar un catastro de los subsidios otorgados a la fecha provenientes de título de merced u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado a favor de los indígenas, señalando a lo menos los predios y las superficies con las cuales se dio cumplimiento a dicha reclamación. Asimismo, se deberá levantar la información sobre
reclamaciones pendientes por efectuar por los títulos antes señalados, indicando lo que corresponde adquirir por este concepto, sobre la base lo que actualmente poseen y lo que indica el título respectivo. No se incluirán en dicho catastro, reclamaciones sobre tierras que fueron transferidas legítimamente. El catastro deberá ser realizado por un órgano técnico e independiente.
2.4. Dictar un nuevo reglamento que con total transparencia regule los mecanismo de compra de tierras del artículo 20 letra b) de la Ley Indígena bajo los siguientes criterios:
- Financiamiento a comunidades de acuerdo a lo establecido por un equipo
técnico independiente, considerando lo establecido en el catastro.
- Priorización de los procesos de compra según fecha de presentación de la
solicitud.
- Impedimento en la adquisición de predios que se encuentren bajo cualquier
acción de presión o amenaza.
- Impedimento en la reutilización de un mismo título para nuevas
reclamaciones.
- Compra sujetas a lo menos a tres tasaciones distintas, formuladas por
profesionales inscritos en un registro público.
- Derecho a optar a beneficios alternativos a la tierra para titulares de
reclamaciones pendientes de compra.
- Inclusión en la escritura final de compra de cláusulas de termino de
reclamación entre las partes.
2.5. Comisión especial de tierras indígenas. Con el objeto de avanzar en soluciones que permitan dar una respuesta definitiva a las demandas por este concepto, se propone establecer una comisión especial, plural y representativa, formada por igual número de indígenas y no indígenas, que sobre la base del catastro realizado evalúe las reclamaciones por resolver, las analice en su mérito y haga una recomendación al Estado sobre si corresponde algún tipo de reparación y los modos en que puede efectuarse dicha compensación. En su recomendación, esta comisión podrá considerar, a voluntad del solicitante, beneficios alternativos a la tierra. Como parte de esta comisión, en representación de los pueblos indígenas, y mientras no esté en funcionamiento la nueva institucionalidad indígena, se debiera incorporar al Consejo de Tierras de Conadi. Por parte del Estado, debieran participar representantes de los ministerios del Interior, Desarrollo Social, Hacienda, y Agricultura, junto con la Dirección de Presupuesto y miembros del Consejo Regional de La Araucanía.
2.6. Elaboración de una plataforma web de libre acceso al público que contemple compras realizadas, precios pagados, comunidades beneficiadas, título justificativo de la compra cuando sea del caso, lista de comunidades con compras pendientes y el orden en que dichas compras debiera realizarse.
2.7. Fortalecer el Desarrollo de los pueblos indígenas, modificando la ley indígena o explorando mecanismos vía modificación de reglamento y/o decretos, que obligue al actual Fondo de Desarrollo de la CONADI a financiar sólo a
personas naturales y comunidades, ampliándola a otro tipo de organizaciones
mapuche como cooperativas, asociaciones, mutualidades, etc.
2.8. Fortalecer financiamiento del Fondo de Desarrollo de CONADI, que en la ley de presupuesto 2016 alcanza a M$ 8.482.017, en comparación con el fondo de tierras y agua que contemplo un presupuesto de M$ 83.465.776. En este contexto, se propone que el fondo de desarrollo alcance al menos el 50% de lo presupuestado para el fondo de tierras y aguas.
2.9. Perfeccionar y clarificar la Aplicación del Convenio 169 de la OIT. El Estado debiera avanzar en perfeccionar y clarificar la aplicación del convenio 169 OIT, en particular sobre los derechos relativos a la consulta. El derecho a la consulta es la piedra angular de dicho convenio y tiene en su sentido más profundo el logro de un consentimiento previo, libre e informado de parte de los pueblos indígenas sobre aquellas medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarles directamente, tal como lo continua desplegando la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (Resolución 61/295 de la Asamblea de la ONU).
3. Propuestas en materia de la historia regional.
3.1. Creación de un Centro de Estudios de La Araucanía vinculado al Archivo Regional, destinado a producir nuevo conocimiento y divulgación, tanto sobre la historia de la región como sobre la lengua mapuche, conformado por especialistas (mapuche y no mapuche, nacionales y extranjeros) y que cuente con recursos regulares para llevar a cabo su labor. Para ello se requiere el apoyo de organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales que permita ampliar los archivos existentes en Fondos bibliográficos nacionales o no acerca de los últimos 2 siglos.
3.2. Actualizar los textos de estudio de la historia de La Araucanía. Con esto se responde a lo planteado en el artículo 31 del Convenio 169 de la OIT, que establece que los Gobiernos deberán hacer esfuerzos “por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos”.
4. Propuestas relativas a la cultura de los pueblos indígenas.
4.1. Reconocer que somos una sociedad pluricultural. Dado que las dinámicas culturales que se viven en La Araucanía son tributarias de la cultura mapuche y de todas las culturas que se han incorporado posteriormente, se precisa con urgencia que la sociedad chilena asuma su identidad mestiza, para que pueda aceptar y vivir la diversidad.
4.2. Diseñar e implementar una Política Regional de Revitalización del Mapudungun a través de su oficialización. Esta propuesta recoge el compromiso asumido por el Estado de Chile para adoptar “disposiciones para preservar las lenguas
indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas” y recurrir “a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos” (artículos 28 y 30 del Convenio 169 de la OIT).
4.3. Declarar feriado regional el 24 de junio, día de los Pueblos Originarios. Esta
medida representa un acto de reconocimiento cultural, social y político a la importancia del pueblo mapuche y la expresión de una señal inequívoca de una Araucanía intercultural, al tiempo que favorece la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias del pueblo mapuche, en consonancia con lo establecido en el Artículo 5 del Convenio 169 de la OIT.
4.4. Generar, por parte del Estado, un mecanismo de reconocimiento oficial, protección y validación de la medicina tradicional mapuche, como sistema de salud, garantizando los recursos para la revitalización de los conocimientos, salvaguarda de prácticas y servicios de los especialistas en salud tradicional mapuche, promoviendo el respeto de esos conocimientos, prácticas, servicios y especialistas, y su incorporación y transversalización en los programas de salud pública en tanto agentes complementarios a la medicina biomédica. Para facilitar el acceso de la población en general a la atención de salud en medicina mapuche, el Estado debe generar el mecanismo para financiar las prestaciones médicas tradicionales, que implique sobre todo el fortalecimiento de dichos agentes en sus lof, lo cual requiere además contar con un mecanismo de reconocimiento y validación de los especialistas en salud mapuche (machi, lawentuchefe, puñeñelchefe, ngütanchefe), coherente con el mecanismo tradicional de legitimación social y comunitaria. Junto con brindar el reconocimiento oficial a los especialistas en salud mapuche, es necesario garantizar el debido ejercicio de estas prácticas al interior de las comunidades y en los centros de salud, así como dar un mayor énfasis a la formación y capacitación del actual y futuro personal de salud, sobre la inclusión de la pertinencia cultural en la atención , de tal manera de generar las condiciones institucionales que validen la salud como proceso intercultural, tal como lo establece la Norma Administrativa N° 16 del MINSAL. Con esta medida también se recoge el mandato del artículo 7 de la Ley N° 20.584 en lo referido a otorgar o dar una atención de salud con pertinencia cultural a las personas pertenecientes a los pueblos originarios. En relación a esto último, el Estado deberá a través de sus servicios de salud generar los financiamientos respectivos que aseguren su aplicabilidad en los establecimientos de salud. En definitiva, el Estado deberá asegurar y promover la coordinación intersectorial en atención a la noción del Kume Mognen, esto es , el bienestar integral del ser mapuche.
4.5. Brindar protección, conservación y control del patrimonio biológico asociado a la medicina mapuche y garantizar que los lugares sagrados para la curación sean reconocidos y protegidos. En la Región existen áreas reconocidas culturalmente –algunas de carácter sagrado y ceremonial- como espacios de conservación de los bosques, las aguas, los minerales, las plantas y otros agentes biológicos/naturales esenciales para la supervivencia y ejercicio de la medicina
mapuche, por lo que se debe revisar, actualizar y oficializar el Catastro de sitios de significación cultural realizado por la CONADI para ser conservados, protegidos, preservados y recuperados. Dicha protección, conservación y control debe realizarse con pleno respeto de los legítimos derechos de propiedad existentes por parte de terceros.
5. Propuestas en materia de educación intercultural.
5.1. En cuanto al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB):
5.1.1. Incorporar en las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE), la
enseñanza de la cosmovisión mapuche y la enseñanza de la lengua del pueblo mapuche a los estudiantes del primer ciclo de educación general básica. Dado que el 30,1% de la población regional es mapuche, sería necesaria la enseñanza y aprendizaje de esta cosmovisión como parte del currículum escolar electivo a nivel regional, pues su comprensión es esencial en la construcción de una auténtica pluriculturalidad. Por su parte, ampliar la enseñanza del mapudungun a todos los estudiantes de La Araucanía tiene las ventajas de, primero, reconocer la existencia de una pluralidad de culturas en la región y, en segundo lugar, favorecer el desarrollo de competencias cognitivas, éticas y sociales para la comprensión de la complejidad sociocultural del entorno en que se desenvuelven los estudiantes, las familias y la sociedad en su conjunto
5.1.2. Transversalizar el PEIB en los sectores de aprendizaje: Matemáticas,
Ciencia, Tecnología, Artes, Educación Física, incorporando en ellos la cosmovisión mapuche. Esta medida representa el reconocimiento de la diversidad cultural en la comprensión del entorno inmediato y del universo, la incorporación de la historia, los conocimientos y técnicas, los sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales del pueblo mapuche está en consonancia con lo establecido en el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT. Además, favorece en los estudiantes el desarrollo de las competencias cognitivas, éticas y sociales necesarias para el diálogo y entendimiento intercultural.
5.1.3. Constituir un Comité Editorial Regional de Educación Intercultural Bilingüe que vele por la pertinencia lingüística y cultural de textos escolares y materiales didácticos del PEIB, dependiente de la Seremi de Educación. Con esta medida se favorece el diseño y producción descentralizada, así como una distribución oportuna, la toma de decisiones y el trabajo conjunto con las demás instancias regionales vinculadas al PEIB.
5.1.4. Diseñar e implementar, con recursos nacionales y regionales, un fondo de apoyo a la investigación aplicada en educación intercultural bilingüe. Para el mejoramiento de la gestión pedagógica e institucional en los establecimientos educacionales que implementan el PEIB, es necesario contar con una evaluación regional de su eficiencia programática, así como generar una base teórica y
metodológica que facilite el proceso de transversalización de la cosmovisión mapuche
en los sectores de aprendizaje actualmente no considerados en el PEIB.
5.1.5. Dignificar la labor y capacitar a los Educadores Tradicionales. A fin de mejorar el desempeño en aula, se debe otorgar un reconocimiento legal e implementar un plan de capacitación en didáctica y metodologías de la enseñanza para Educadores Tradicionales, debidamente certificado.
5.1.6. Profesionalización intracultural de los Educadores Tradicionales,
incorporando la pedagogía tradicional mapuche. Se requiere validar metodológicamente la pedagogía tradicional mapuche (kimeltuwün) desde la educación intercultural, para luego realizar una primera aplicación con carácter de piloto en un período de dos a tres años. Esta medida está en sintonía con el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT, que señala que “la autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar”.
5.2. En relación con las Instituciones de Educación Superior:
5.2.1. Creación de una cátedra mapuche, que considere la enseñanza de la cosmovisión, la historia y la lengua mapuche, en la formación de técnicos y profesionales, y desarrollar una línea de especialización que incluya todas las temáticas interculturales. El mercado de trabajo regional requiere de profesionales y técnicos competentes para un entorno laboral caracterizado por la diversidad cultural, marcada por una fuerte presencia de personas de ascendencia mapuche, por lo que es necesario que los profesionales y técnicos comprendan la diferencia cultural en el mundo laboral y cuenten con las competencias interculturales que les permitan un desempeño óptimo.
5.2.2. Inclusión en el currículum de la formación inicial docente, en las universidades con presencia en La Araucanía, de asignaturas –con asignación de créditos- sobre cosmovisión, historia y lengua mapuche. Para promover la tolerancia, la inclusión, la diversidad y la interculturalidad en el aula un aspecto clave a ser incorporado en la formación de los profesores es aprender a conocer y comunicarse en contextos sociales y culturales diversos.
5.2.3. Diseño e implementación de postítulo en interculturalidad para profesores, con certificación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). La labor formativa de los maestros es esencial para la construcción de una sociedad democrática e inclusiva de la diversidad cultural, lo cual se verá favorecido y potenciado con programas de perfeccionamiento docente que incluyan iniciativas de cursos y postítulos para la incorporación de la interculturalidad en las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula.
PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL Y TERRITORIAL.
Introducción
Desde el punto de vista del contexto económico social de la Región de La Araucanía, según los últimos datos de la CASEN 2015, si bien disminuyó la pobreza (medida por ingresos) de un 27,9% a un 23,6%, la región sigue presentando los peores índices de Chile. En este contexto, este mismo instrumento incorporó por primera vez la medición de pobreza multidimensional, es decir, sumando a la dimensión de ingresos, lo referido a educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda. En este sentido, de las siete comunas con mayor pobreza multidimensional en Chile (sobre el 30%), se encuentran cinco comunas de la Región de La Araucanía: Carahue, Cunco, Lautaro, Nueva Imperial y Collipulli.
Los datos entregados por la encuesta suplementaria de ingresos del INE del año 2015, muestran que La Araucanía es la región que presenta el más bajo nivel de ingreso promedio, llegando a $370.900 pesos mensuales, y un ingreso mediano de
$252.000 pesos mensuales, en comparación con los $505.500 pesos de ingreso
promedio país y los $340.000 pesos de ingreso medio país.
Asimismo, la Región de La Araucanía no está exenta de influencias eco sistémicas propias de los nuevos tiempos, que implican transformaciones necesarias de abordar en el marco de los desafíos de corto y mediano plazo en el ámbito socio productivo. Estas transformaciones se refieren al menos a:
a) Infraestructura, referido a la matriz de soporte estructural que posibilita la sustentación del desarrollo en un espacio territorial determinado, como la red vial estructurante, obras de servicios básico, saneamiento, turismo, riego, portuarias y de cobertura telefonía móvil, entre otros.
b) Uso de recursos hídricos, vinculado al aprovechamiento eficiente de un recurso cada vez más escaso y fundamental para detonar procesos productivos a pequeña escala predial o de producción intensiva en una región en donde de las 58.069 explotaciones, 41.683 corresponde a predios de menos de 20 ha, pertenecientes a la pequeña agricultura familiar campesina2.
c) Cambio de matriz productiva, asociado a los procesos de adaptación a mercados globales y apertura comercial de Chile, que han generado una transición en la matriz productiva regional desde una especialización cerealera (trigo) y maderera, hacia una matriz diversificada (frutales menores y mayores, avena, celulosa, acuícola, etc.) cuyo eje transversal dice relación con una fuerte demanda externa y aprovechamiento de los acuerdos comerciales que Chile ha suscrito.
2 www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1395695542140321_minuta_araucania.pdf
d) Cambio climático, cuyas consecuencias inmediatas están asociadas a la incorporación de grandes extensiones de territorio de La Araucanía a actividades cuyas condiciones productivas son más favorables en el contexto de cambios de las condiciones edafoclimáticas3 de la región. (Ej. vitivinicultura)
Desde el punto de vista del abordaje de las propuestas, éstas aspiran a compatibilizar al menos dos grandes criterios, que a la luz de la Comisión son orientadoras para encauzar la discusión en torno a ideas y líneas de acción. Estos criterios son, por un lado, las necesidades globales de La Araucanía que requieren ser urgentemente abordadas para sacar a la región de su de situación de retraso y, por otro, la aproximación a la comprensión del desarrollo desde la cosmovisión y perspectiva mapuche, y las implicancias de dichas reflexiones.
En este contexto, es necesario evidenciar que respecto de la concepción actual de desarrollo, en los miembros del pueblo mapuche coexiste una amplia gama de visiones, desde aquéllos cuya conceptualización está más ligada al bienestar espiritual y la relación con la naturaleza (Küme mongen), hasta aquéllas vinculadas a concepciones más occidentales de desarrollo y bienestar a través de las cuales buscan alcanzar las oportunidades que les permitan mejorar su condición socioeconómica. Estas diversas concepciones de desarrollo internas al mundo indígena se traducen en variadas necesidades que buscan cubrir con una economía de subsistencia básica y que se traducen a veces en exigencias económicas y políticas que conforman las demandas del movimiento mapuche contemporáneo, generando diversas fricciones al interior y al exterior del propio pueblo mapuche.
El nuevo contexto, donde también se asume como riqueza la diversidad cultural, obliga al Estado a plantear políticas y desarrollar instrumentos que se hagan cargo de la diversidad de concepciones de desarrollo que conviven en el país y, muy particularmente, al interior del pueblo mapuche, recogiendo sus especificidades sociales, culturales y económicas, de manera de hacer coherente y pertinente la oferta de políticas públicas.
En síntesis, es prioritario reconocer esta compleja situación de «pobreza dura» que vive La Araucanía, asumir las formas económicas propias de las comunidades y proyectar formas de desarrollo nacional y regional, dialogadas y consensuadas, que no sean excluyentes y que empoderen a las propias organizaciones económicas mapuches para que logren salir del círculo de una mínima economía de subsistencia, y/o paliar sus déficits de ingresos a través del círculo vicioso de las remesas que estimula la migración de los jóvenes y que envejece paulatinamente a la población mapuche que habita en las comunidades.
Se hace necesario trascender al asistencialismo como mecanismo para abordar las complejidades sociales en la región. El desafío es avanzar hacia un fuerte apoyo al fomento productivo con pertinencia como eje central de la política pública, lo que
3 Perteneciente o relativo al suelo y al clima.
implica el ajuste de instrumentos, planes y programas a las especificidades de la
región.
Lo anterior también basado en el artículo 23 del convenio 169, que señala "A petición de los pueblos interesados, deberán facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo".
En función de estos dos grandes lineamientos, la subcomisión procedió a la identificación de propuestas y acciones, las cuales se plantean agrupadas siete áreas temáticas.
1. Infraestructura para el desarrollo.
Un factor estructural del desarrollo dice relación con la infraestructura, necesaria para potenciar los procesos productivos en la región y, principalmente, en comunidades indígenas. La región muestra déficit de infraestructura de riego, agua potable rural, electrificación, caminos secundarios, puentes, cobertura de internet y teléfono, servicios, entre otros.
En este contexto se propone lo siguiente:
1.1. Revisión de la Agenda de Infraestructura, desarrollo e inclusión 30.30 del Ministerio de Obras Públicas, a objeto de incorporar proyectos asociados a la región de La Araucanía.4
4 Algunas obras posibles de ser consideradas son:
Caminos y Puentes: Pavimento Ruta Costera. Tramo Tirúa – Tranapuente; Pavimento Ruta Costera. Tramo Puerto Domínguez – Hualpín; Pavimento C° Longitudinal paralelo. Tramo Almagro-Barros Arana; Pavimento doble calzada Freire – Villarrica; Construcción caminos de la Ruta de las Termas; Construcción conexión caminera Lago Colico - Caburga por Playa Blanca; Pavimento C° La Fusta - Icalma por Galletué; Continuación pavimento C° Lautaro -Ventrenco en Lautaro; Pavimento C° Liucura - Icalma, en Lonquimay; Estudio alternativas de conexión zona cordillerana. Reigolil - Paso Icalma; Ruta Interlagos, tramo Cherquenco - Melipeuco, por El Salto; Ruta Interlagos, tramo Cuneo – Pitrunco - Los Raulíes – Pedregoso; Ruta Interlagos, tramo Palguín - Límite Regional Sur; Camino pavimentado Villarrica - Pucón por borde norte del lago; Pavimento C° Lonquimay - Troyo, en comuna de Lonquimay; Reposición pavimento C° Temuco-Cholchol; Camino By Pass de ciudad de Victoria; Construcción Puente Definitivo de Cajón en Vilcún; Corredor Biooceánico Bahía Blanca – Lonquimay - Talcahuano o Arauco; Carretera Tirúa a Pastene.
Embalses de Temporada: Embalse Valle del Malleco en comuna de Collipulli; Embalse Valle de Huequén en comuna de Ercilla; Embalse Valle Rehue en Huequén comuna de Angol; Rehabilitación y revestimiento canal Lautaro – Labranza; Embalse Río Blanco y canal de Riego Victoria, Lautaro.
Ver: Plan Araucanía. (2009). Una propuesta Regional Intercultural en la búsqueda de soluciones y
oportunidades de Desarrollo integral. Temuco y Propuesta Regional de Ley Araucanía. (2013) Temuco.
1.2. Atendiendo que el tema de conectividad rural es una brecha importante en una región que posee la red más extensa de caminos secundarios, que alcanza a 7.000,59 km de ripio5, (le sigue Bio Bío con 4.502,28 km), se propone la generación de un programa especial de identificación y mejoramiento de caminos y puentes con potencial productivo (vías de salida de producción). Además se propone el fomento a la inversión privada en redes y soluciones viales en alianza público - privada (Ejemplo, carretera Angol - Curanilahue, 50 y 50% de financiamiento público - privado).6
1.3. Generar un plan estratégico regional de riego que incida en el desarrollo rural, que compatibilice grandes obras de infraestructura (canales, embalses, etc.) y soluciones a pequeña escala (abastos, cosecha de aguas lluvias, pozos), fomentar organizaciones, capacitación, como así también incorporación de tecnología (riego tecnificado, bombas solares, etc.). Este plan estratégico regional de riego debe ir respaldado de la información que proporcionen estudios hidrogeológicos y de napas subterráneas que dimensionen el potencial de disponibilidad de agua de La Araucanía. 7
1.4. En temas asociados a agua potable rural, es necesario avanzar en un
programa de soluciones capaz de hacerse cargo del déficit de disponibilidad que se produce fundamentalmente en verano, cuyo objetivo debe apuntar a solucionar por un lado el consumo humano, y por otro a generar las condiciones sanitarias para el desarrollo de emprendimientos (turismo, gastronomía, etc.). Se propone adicionalmente la creación de una Agencia del Agua, que pueda catastrar, planificar y proponer una estrategia de abordaje sistémico de uso y distribución de este recurso,
5 Documento de Dirección de Vialidad (2010); "Red Vial Nacional; dimensionamiento y características"
6 Chile posee una Red Nacional de 77.571 kilómetros de los cuales un 15,5% pertenece a la región de La Araucanía, la región con más kilómetros de vías. Del total nacional un 23,8% es red vial pavimentada, sin embargo en La Araucanía, los caminos pavimentados alcanzan apenas al 13,7%. La región con menos porcentaje de caminos bajo esta condición. Al comparar la situación vial con las regiones vecinas, la situación es aún más desigual ya que el Bío Bío posee un 24,5% de caminos pavimentados y Los Ríos un
26%. Ninguna otra región de la macro zona centro-sur tiene una cifra inferior al 21% de sus caminos bajo esta condición. Red Vial Nacional (Dic 2012) según tipo carpeta en regiones Centro Sur de Chile, Dirección de Vialidad / Depto. Gestión Vial - Subdirección de Desarrollo.
7 Entre las medidas concretas que este pan estratégico podría contemplar se cuenta: a) La firma de un Convenio de programación, entre Gobierno Regional - Gobierno Central, con financiamiento Nacional o Internacional que establece llegar en 6 años al 95 % de cobertura en el mundo rural con agua para consumo humano, con sistema de APR; b) En un periodo de 6 Años avanzar en un 90 % la infraestructura sanitaria en sectores rurales concentrados de la región. Se debe generar una unidad especial en la Subsecretaria de Desarrollo, que vincule, articule y gestione acciones concretas para la región de la Araucanía. C) Implementar sistemas de riego tecnificado para la media y pequeña agricultura familiar campesina en 50 mil hectáreas, en 6 años. Para ello se debiera generar un cronograma de programación de un acuerdo amplio entre el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional Riego (CNR) y el Gobierno Regional de la Araucanía y los Municipios para llevar acabo esta meta. Su financiamiento podría estar conformado en un 70 % de aportes del MINAGRI y en un 30 % desde el Gobierno Regional de la Araucanía.
para solucionar el problema de agua para consumo humano en la región, que derive
en una política regional de desarrollo de los recursos hídricos.
1.5. En atención a la provisión de electrificación rural en zonas dispersas y aisladas de La Araucanía, se propone impulsar un programa de soluciones tecnológicas vinculadas a energías renovables no convencionales, como energía solar, aerogeneradores, geotermia, mini centrales hidráulicas, entre otros.
1.6. En conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, impulsar un programa
para la provisión de internet y cobertura de celular en zonas aisladas y dispersas de La Araucanía, factor fundamental para mejorar las condiciones de conectividad y soporte al impulso de emprendimientos rurales.
1.7. Impulsar un modelo agroindustrial a pequeña escala para la agregación de
valor a la producción mapuche y no mapuche de pequeños productores, haciéndose cargo de los déficit tecnológicos existentes. Esto con el apoyo de INDAP, CORFO, CONADI, Autoridad Sanitaria, las Universidades (Instituto de agroindustrias de la UFRO), entre otros.
2. Instrumentos, planes y programas territoriales para el desarrollo asociativo y
empoderamiento productivo.
Coherente con la reflexión anterior, es importante el análisis del actual instrumental público de apoyo y fomento al desarrollo productivo y social, haciendo énfasis en sus normativas, pertinencia o readecuaciones necesarias, fortaleciendo y promoviendo la asociatividad como base para el emprendimiento mapuche y no mapuche en La Araucanía. En este contexto, se propone lo siguiente:
2.1. Con el objeto de facilitar el acceso a beneficios estatales por parte de propietarios de tierras indígenas, se propone un programa masivo de regularización de dichas tierras que permita a quienes las han adquirido como consecuencia de herencias, cesiones o de otros modos lograr inscripción a su nombre.
2.2. En el marco de hacerse cargo del desarrollo integral de predios adquiridos por CONADI (habitabilidad, infraestructura, desarrollo, etc.), se propone modificar y operativizar la Glosa 10, de ley de presupuesto de Gobiernos Regionales.
La modificación propuesta radica en que sean los GOREs y no la DIPRES la que evalúe los Planes de Desarrollo Integral, con las mismas facultades y mecanismos que actualmente tienen para evaluar los proyectos FRIL8.
8 MODIFICACION PROPUESTA: Los gobiernos regionales podrán financiar uno o más Planes de Desarrollo Integral en comunidades indígenas, a ejecutarse en predios acogidos a los artículos 20, letras a) y b), 21, 75 y 76 de la Ley Nº 19.253, los que podrán incluir todos o algunos de los siguientes componentes: fomento productivo, infraestructura básica de carácter productivo, saneamiento sanitario, electrificación rural, residuos sólidos, construcción o mejoramiento de caminos comunitarios, rurales o vecinales, casetas sanitarias, agua potable rural, ya sea a través de sistemas de agua potable y/o de abastos de agua u otras alternativas que aseguren el servicio
Para la operativización de la glosa, se propone la creación de una provisión presupuestaria que posibilite el financiamiento de dichos planes de desarrollo integral o que al menos co financie las acciones de plan en coordinación con otros servicios (SERVIU, INDAP, SENCE, SERCOTEC, CONADI, Agencia Regional de Desarrollo, CORFO, entre otros)
2.3. Desde el punto de vista de establecer un programa de convergencia y cohesión social y territorial en La Araucanía, capaz de hacerse cargo de superar las condiciones de rezago y vulnerabilidad de vastos espacios y territorios en la región, se propone la generación de un programa especial que debiera contar con las siguientes características:
a) Establecido en base a zonas de planificación, de manera que el ente articulador sean zonas del territorio y sus actores, sobre la base de un enfoque basado en una visión compartida de desarrollo y planes territoriales prospectivos capaces de poner en valor las oportunidades endógenas y trascendiendo al actual modelo basado en la oferta de instrumentos, planes y programas públicos9.
b) En base a fondos flexibles (tipo fondos de convergencia) y de mediano plazo (5 años al menos), que permitan hacerse cargo de la multiplicidad de complejidades presentes en el territorio, complementado con instrumentos de servicios públicos.
doméstico o productivo, incorporación de soluciones de energías renovables no convencionales y compra de derechos de agua para abastecimiento doméstico. Los planes podrán contemplar recursos para otorgar la certidumbre jurídica de 137 la propiedad indígena (goces) a los beneficiarios de los planes, así como para tramitar y otorgar las servidumbres necesarias para los proyectos. Estos recursos se podrán transferir a las municipalidades u otras instituciones públicas para financiar los proyectos y programas que se definan como parte de los Planes señalados, los que no se incorporarán en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República, además de la que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que instruya el Intendente respectivo. La infraestructura que se genere y los beneficios que se otorguen serán compatibles con subsidios que previamente hayan recibido los beneficiarios en lugares o predios distintos a los acogidos a los artículos 20 letras a) y b), 21, 75 y 76 de la Ley Nº 19.253, o las tierras inscritas en el registro de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pertenecientes a las Áreas de Desarrollo Indígena ADIS. Los planes de desarrollo predial integral podrán abarcar una o más comunidades. Los proyectos y programas que forman parte de un Plan que se proponga ejecutar con estos recursos, se exceptúan de la aplicación del artículo 75 de la Ley Nº 19.175. La totalidad de estos deberán ser presentados al Gobierno Regional que, luego de su análisis, resolverá respecto de su ejecución. Posteriormente el Consejo Regional deberá aprobar el Plan en forma integral. El Plan deberá considerar, al menos, los costos estimados de cada uno de los proyectos y programas, los antecedentes respecto de la sostenibilidad de la operación de la infraestructura que se construye, una descripción de las capacidades técnicas de las unidades ejecutoras que se proponen y otros que se puedan solicitar por la Dirección de Presupuestos. Los gobiernos regionales que desarrollen planes de intervención en comunidades indígenas deberán informar semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los tipos de proyectos que se desarrollen con cargo a estos recursos, identificando las respectivas comunas y entidades. Esta información deberá ser publicada en los mismos plazos en la página web de los gobiernos regionales, y un consolidado en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
9 Cabe señalar que la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 - 2020, incorpora el enfoque de territorios de
planificación.
c) Impulsando modelos de gobernanza territorial, es decir instancias de articulación y coordinación público - privada - académica, que posibiliten el relevamiento y empoderamiento de los agentes locales de desarrollo, posibilitando una mejor control social de las iniciativas y potenciando la co creación de soluciones e iniciativas de desarrollo del territorio.
En este contexto, las universidades y corporaciones regionales deben asumir
un rol preponderante en el impulso de esfuerzos destinados a la superación del rezago
de territorios en La Araucanía.
2.4. Incorporar nuevos sectores de la Región de la Araucanía al programa de
gestión territorial de zonas de rezago de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior10. Sólo a manera de ejemplo podrían formar parte de dicho programa; el territorio Pehuenche cordillerano (Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue), el territorio Nahuelbuta extendido (Purén, Los Sauces, Galvarino, Chol Chol, Traiguen y Ercilla).
Para lo anterior se requiere adicionalmente generar un marco jurídico que posibilite la existencia de una Ley de zonas de rezagos, que establezca: la existencia de políticas públicas diferenciadas, flexibles, focalizadas, de mediano plazo (ejecución), con sistemas de información e indicadores que posibilite criterios claros de ingreso y egreso del programa, con incentivos para la inversión y el desarrollo de iniciativas, y con instrumentos de gestión territorial y gobernanza público - privada - académica.
2.5. Avanzar hacia mecanismos que posibiliten la securitización de inversiones de rentabilidad de mediano y largo plazo en el mundo rural, de manera de viabilizar la incorporación de comunidades y pequeños productores a este tipo de negocios (Ejemplo: frutales mayores, forestal, etc.) como partes del mismo.11. En este sentido, los predios adquiridos por CONADI para comunidades debieran contar con acceso a estos mecanismos, permitiendo así generar negocios conjuntos entre los propietarios de estos predios y aquellos inversionistas dispuestos a realizar inversiones en ellos.
3. Puesta en valor de la cultura e identidad.
En paralelo a los esfuerzos por mejorar las condiciones socio económicas de La Araucanía, se hace necesario impulsar un programa de puesta en valor de la cultura e identidad de La Araucanía, asociado a la valoración cultural del pueblo mapuche y el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial regional.
En este contexto se propone:
10 Ya incorporado a partir del 2017 el territorio costero correspondiente a las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Nueva Toltén.
11 En el caso forestal, asociado a terrenos de aptitud forestal identificados en los planes de ordenamiento territorial
impulsados en construcción participativa por parte de las mesas territoriales.
3.1. En una alianza INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) del Ministerio de Economía y las universidades regionales, impulsar un programa para el desarrollo de denominaciones de origen y marcas colectivas y territoriales en agrupaciones productivas mapuche, como un mecanismo de diferenciación que se traduzca en un mejor precio de venta de productos y servicios. Adicionalmente, se propone impulsar la generación de la "Marca Araucanía".
3.2. De la misma manera, en conjunto con las universidades, desarrollar certificaciones (comercio justo, buenas prácticas, orgánicas, etc.) a productos mapuche y no mapuche, que posibiliten mejorar la comercialización y diferenciación productiva en La Araucanía.
3.3. Implementar un fondo para el desarrollo de productos y servicios mapuche asociado a la puesta en valor de la cultura y la identidad (gastronomía, herbolarias, música, juegos, deportes, etc.), al alero de Plan Estratégico Regional de especialización inteligente de Turismo de Cultura y Naturaleza impulsado por CORFO.
3.4. Como una manera de relevar el patrimonio cultural material e inmaterial de La Araucanía, generar un programa de puesta en valor de sitios históricos, ceremoniales, religiosos, culturales y ambientales, que incorpore infraestructura, mejoramientos, rescates, centros de interpretación, miradores, etc., y que vincule con el desarrollo de productos turísticos. A esta iniciativa deben concurrir de manera coordinada servicios como el Consejo Nacional de la Cultura, SERNATUR, dirección de cultura de CONADI, GORE Araucanía, CORFO, SERCOTEC, INDAP, entre otros (ejemplo, puesta en valor del sitio de la batalla de Curalava, Menocos, Kuel o Cuel, etc.).
3.5. Programa piloto para difundir el modelo de desarrollo asociativo mapuche, como estrategia de acompañamiento a comunidades mapuche con compra de tierras por CONADI, basado en aquellas organizaciones con experiencia en temas productivos y comerciales, tales como cooperativas, cámaras de comercio o asociaciones comerciales.
4. Institucionalidad y recurso humano para el desarrollo asociativo y
empoderamiento productivo.
Un pilar fundamental para el abordaje del desarrollo del pueblo mapuche, son sus organizaciones productivas. Para ello es necesario promover estrategias para su fortalecimiento.
En este contexto se propone:
4.1. Generar un programa de fortalecimiento de organizaciones y emprendimientos mapuche (mejoramiento de gestión, productividad, emprendimientos asociativos) a través de un Centro de Negocios y Desarrollo Mapuche, dirigido y operado por
profesionales mapuches y no mapuches de probada capacidad técnica 12 . A este respecto y según datos de SERCOTEC, en La Araucanía, durante el periodo comprendido entre 2010-2014, el 21% de los postulantes a instrumentos SERCOTEC pertenecían al pueblo mapuche. Sin embargo, la adjudicación de proyectos y subsidios para este segmento no sobrepasó el 3%, dejando expuesta una importante brecha respecto al resto de los emprendimientos a nivel regional.
4.2. Fortalecimiento de la educación técnico profesional para el desarrollo productivo y rural de La Araucanía, desarrollando una oferta técnico profesional acorde a las necesidades de modernización y oportunidades productivas presentes en la región (turismo de intereses especiales, vitivinicultura, frutales mayores y menores, energía, construcción, TICs, etc.). Como parte de lo anterior, se debieran realizar cambios de las mallas curriculares en los liceos profesionales de acuerdo a la realidad productiva y de servicios de la región.
4.3. Implementar un plan especial que permita, a través de SENSE, subsidiar la
mano de obra a empresas que se instalen en zonas de rezago de la región, con incentivos para la contratación y la formación de las mismas, para mejorar así el capital humano y la productividad empresarial.
5. Leyes e incentivos especiales para la Región de La Araucanía.
5.1. La Araucanía como región especial, requiere de un tratamiento particular, para
ello necesita de:
5.1.1. Mecanismos tributarios de discriminación positiva (tipo leyes especiales de zonas extremas) que posibiliten incentivos para la atracción de inversiones, que consiste en la disminución de los impuestos de primera y segunda categoría para personas y empresas que decidan instalarse y desarrollar proyectos en la región de La Araucanía13. Asimismo, generar mecanismos que le permitan a grandes empresas, presentes o no con su patrimonio en La Araucanía, poder involucrarse con la región en la gestión y acompañamiento de emprendimientos y/o proyectos.
5.1.2. Flexibilización del sistema nacional de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en cuanto a evaluación económico social de proyectos, sobre todo el TMDA (Transito medio diario anual) en caminos. (Ejemplo, la ruta costera Tranapuente - Tirua, obtuvo la recomendación técnica, vía RS Presidencial)
12 Propuesta de centro con expresión física cuyo objetivo es fortalecer capacidades en el emprendedor u organización mapuche, como así también asesorar el emprendimiento en sí, con el objeto de nivelar el acceso a la oferta de instrumentos, planes y programas públicos, estableciendo en algunos casos (instrumentos específicos) discriminaciones positivas (vía aumento de puntaje) en algunos concursos.
13 En específico se debe establecer un mecanismo que permita que el impuesto a la renta de las empresas y las personas sea entre un 2% y 4% menor (propuesta comisión asesora presidencial en descentralización y desarrollo regional).
5.1.3. Impulsar en La Araucanía, un plan piloto de modernización del Estado que posibilite fortalecer las estructuras de Gobierno Regional y Gobiernos Locales14, en cuanto a competencias, recursos humanos, financieros, que eficiente la labor del Estado en La Araucanía en atención a hacerse cargo del rezago y pobreza de la región.
5.1.4. Promulgar una "Ley Araucanía" que aborde los temas anteriores y que asegure
facultades, instrumentos, normativas especiales y recursos adicionales para la región.
5.2. Generar una comisión de alto estándar para abordar posibilidades de
incorporación de pertinencia cultural al código sanitario, como un mecanismo que posibilite compatibilizar estándares sanitarios y el desarrollo de actividades productivas y culturales asociadas al pueblo mapuche. (Ejemplo de un problema que se presenta: una ruca con piso de tierra no cumple estándares, pero al poner piso lavable deja de ser ruca). Un buen ejemplo de ello, es el trabajo interdisciplinario desarrollado por las distintas reparticiones que inciden en el tema sanitario, a objeto de otorgar permisos sanitarios a la vendedoras de humita del centro de Temuco el año 1999.
5.3 En el marco del proyecto de ley de transferencia de competencias hacia los
gobiernos regionales, y las propuestas de la comisión asesora presidencial en descentralización, se propone acelerar y complementar las competencias del Gobierno Regional de La Araucanía en materia de fomento productivo e innovación, dotando de mayor potestad a la región a objeto de definir foco y forma de operación de la batería de instrumentos, planes y programas que en esta materia son ejecutados año a año en la región. De la misma manera, y con el objeto de hacer gestión sobre un recurso escaso y estratégico para los desafíos de La Araucanía, se propone también la transferencia a la brevedad de competencias en materia de agua, tanto para consumo humano (Agua Potable Rural) como de riego (grandes obras, abastos, tranques, etc.).
5.4. En el contexto de la discusión de modificación al código de aguas, se propone cautelar y resguardar el acceso al agua que tienen las comunidades mapuche en torno a los cursos que históricamente pasan por sus comunidades, siendo el Estado el responsable de asegurar la provisión del uso de dicha agua para sus labores. Dicha cautela y resguardo debe realizarse con pleno respeto de los derechos privados existentes.
6. Propuestas relativas a la Ley de Espacio Costero de Pueblos Originarios (Ley
20.249).
6.1. Generar una mesa de diálogo y trabajo con participación de los distintos
actores involucrados en el uso del borde costero. La implementación de la Ley de
14 Fortalecer una red de UDEL (Unidades de Desarrollo Local) para abordar desde lo local las complejidades del
desarrollo.
Espacio Costero de Pueblos Originarios tiene gran complejidad debido a los múltiples usos que existen o podrían existir en el borde costero, los que incluyen actores tan diversos como las propias comunidades indígenas, pescadores artesanales, puertos, infraestructura pública, empresas generadoras de energía, acuicultura, etc. De ahí la importancia de generar esta mesa de diálogo que permita armonizar todos estos posibles usos y distintos actores, para evitar que se generen conflictos entre ellos, algunos de los cuales ya se están insinuando.
6.2. Implementar un examen de suficiencia de solicitudes de ECMPO. La Ley de
Espacio Costero de Pueblos Originarios y su reglamento establecen que las solicitudes de ECMPO deberán indicar los fundamentos que justifican el uso consuetudinario invocado. Si bien no es tarea de la Subsecretaría de Pesca acreditar el uso consuetudinario invocado, para evitar la tramitación de solicitudes que no cumplan con este requisito, se debiera verificar que las solicitudes de ECMPO indiquen adecuadamente dichos fundamentos.
6.3. Cumplir plazos de revisión y requisitos de informes frente a solicitudes de ECMPO. Un aspecto fundamental para el adecuado funcionamiento de La Ley de Espacio Costero de Pueblos Originarios es que se cumplan los plazos que en ella se establecen para evacuar los trámites establecidos en el procedimiento de otorgamiento de un ECMPO. Además, es necesario velar porque los informes que realiza CONADI en estos procesos se realicen de acuerdo a lo establecido en el instructivo respectivo. Lo anterior supone que las instituciones que participan de estos procesos cuenten con los recursos humanos y económicos necesarios para efectuar estas labores.
6.4. Aumentar los mecanismos de transparencia en la información de estos
procesos. Como forma de transparentar estos procesos, es indispensable que la Subsecretaría de Pesca mantenga un registro actualizado del estado de tramitación e implementación de las solicitudes de ECMPO y de los ECMPOs otorgados, de modo que el público general pueda acceder en forma oportuna y transparente a esta información.
7. Propuestas en materia de política forestal.
7.1. Creación de un beneficio especial para forestación de pequeños y medianos
productores, privilegiando principalmente beneficios para el fomento y manejo de bosque nativo, como también a especies exóticas con control de ubicación. Los pequeños y medianos productores requieren un apoyo de fomento a la forestación, para favorecer la asociatividad que les permita mejorar tecnologías y certificar, además de mejorar sus suelos, lo que genera una externalidad ambiental positiva. La ley 19.561, continuadora del DL 701, dejó de operar el 2013, y en la actualidad este segmento de productores no cuenta con ningún tipo de apoyo.
7.2. Establecer institucionalidad pública, que asuma con plenitud la conducción de la política forestal y un Consejo de Política Forestal, participativo y representativo de todos los actores involucrados. La conducción de la política forestal en el país hacia el futuro hace necesario una institucionalidad pública especializada para el sector en un Ministerio que tiene su foco en la agricultura, lo que puede ser resuelto con un área específica que podría ser una Sub Secretaría. Junto con lo anterior, el Consejo de Política Forestal ha mostrado capacidad para discutir y encontrar consensos en la proyección del sector, con una mirada de Estado y una composición diversa y transversal. Las políticas forestales deben ser de largo plazo, por lo que es importante la continuidad de este cuerpo colegiado.
7.3. Generar las condiciones e instrumentos necesarios para que el desarrollo forestal disminuya las brechas sociales y tecnológicas de los territorios donde realizan su actividad. Una de las tareas importantes de futuro en el sector es dar acceso equitativo al desarrollo a los actores más postergados. Focalizar iniciativas de fomento hacia ellos (INDAP, CORFO, INFOR, etc.) es clave para nivelar las condiciones y hacer el sector más inclusivo. Dichos instrumentos deben ser pertinentes a la identidad y características particulares de cada territorio además de contar en su concepción y planificación con la participación de los distintos actores regionales.
7.4. Fomentar con instrumentos apropiados el encadenamiento productivo, especialmente con pequeños y medianos en los territorios. Una vinculación entre los productores Pyme forestales y las Pyme madereras puede ser virtuosa en resolver problemas de abastecimiento de estas últimas. A la vez, mecanismos que favorezcan la transferencia tecnológica desde empresas grandes y el Estado, apuntan en el mismo sentido.
7.5. Promover la creación de una instancia de dialogo entre los municipios y los
productores o comerciantes indígenas en el marco del artículo 23 del convenio
169 de la OIT.
ANEXO 1
En la realización de su trabajo y la elaboración de sus propuestas la Comisión
tuvo en consideración los siguientes documentos y legislación:
1. Documentos.
Abélès, M. (2008). Lévi-Strauss y la evolución de la antropología contemporánea.
Recuperado de: www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/anuario2008/Con ferencia01.pdf.
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perspectiva de usuarios mapuches y equipos de salud en la IX región, Chile. Revista Médica de Chile, (132): 1109-1114.
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construcción de sus bases conceptuales. Revista Médica de Chile, (131): 1061-1065.
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